El proceso de radicalización política en la historia reciente argentina

Extraído del libro "Aquellas semillas rojas", docentes y alumnos del Instituto Santa María,  Mercedes (B), Programa Jóvenes y Memoria, 2009.

Hasta 1975 se podría decir que, dentro del concierto de naciones latinoamericanas, nuestro país era uno de los más integrados socialmente, con una clase media extendida, bajos niveles de analfabetismo, altos índices de empleo y una participación de los trabajadores en más del 40% del PBI. Empresas estatales de energía y servicios realizaban su aporte al sector productivo, generaban empleo y daban vida a numerosos pueblos y ciudades del interior.

Hoy la Argentina se encuentra corrompida por el desempleo y el hambre, que generan sufrimiento en la mayoría de la población. En los comienzos del siglo XXI, al mundo le cuesta entender la realidad de un país como el nuestro, con tan extenso territorio, rico en recursos naturales y un pueblo reconocido internacionalmente por su talento.

Para entender este proceso quizás debamos remontarnos a fines del siglo XIX, cuando la formación de la Argentina moderna determinó una república conservadora moldeada por latifundistas, es decir, una oligarquía. Esa elite gobernante basaba su poder en la renta de la tierra, pero la necesidad de mano de obra atrajo la inmigración de millones de europeos en busca de una mejor calidad de vida. Aquellos desplazados de Europa no sólo traían sus sueños de progreso, sino también sus ideas (sindicalismo, socialismo, comunismo y anarquismo). Muchos de ellos no encontraron su lugar en una Argentina en donde las grandes extensiones de tierra se concentraban en unos pocos propietarios. Algunos se convirtieron en aparceros, arrendatarios o peones rurales; otros se quedaron en Buenos Aires o Rosario, en donde las actividades portuarias dieron origen a la clase obrera argentina, que experimentó en nuestro país la misma situación de desamparo que habían vivido en Europa y que anhelaban dejar atrás. A la sombra de esa miseria, nacía el movimiento obrero argentino, con sus sindicatos y partidos políticos. Sus luchas son conocidas en nuestra historia como la "cuestión social".

Con el tiempo, de la mano del progreso económico, algunos criollos e inmigrantes llegaron a convertirse en la clase media urbana, instruida y poderosa, que reclamaría sus derechos cívicos avasallados por los gobiernos oligárquicos (1880-1916), dando origen a uno de los dos grandes movimientos populares argentinos: el radicalismo. En tanto, la clase obrera se mantenía desplazada de la política y de los beneficios económicos que generaba el modelo agro-exportador, a pesar de ciertos logros del Partido Socialista que, por vía parlamentaria, llegó a consagrar algunas leyes sociales. Luego de la crisis del ’30, nuevos obreros comenzaron a llegar, esta vez del interior y de países limítrofes, a las ciudades que empezaban a industrializarse para sustituir importaciones. Así se formaron los cordones urbanos, asentamientos y villas en terrenos vacíos cercanos a las fábricas que serían su fuente de trabajo. Buenos Aires, Rosario y Córdoba los recibían poco preparadas para tan tremendo aluvión de migraciones internas.

En la Capital los llamarían cabecitas negras. Eva Perón los bautizaría grasitas o descamisados. Ellos serían la base de apoyo del segundo gran  movimiento de masas de carácter nacional: el peronismo; partido que brindó a los obreros, por acción de su líder Juan D. Perón, todas sus conquistas sociales. De este modo, a partir de la década de 1940 comenzó a desarrollarse la Argentina industrial, basada en el principio de justicia social, independencia económica y soberanía política, en donde los trabajadores se equipararían con los sectores medios. Esto no significa que se hayan eliminado totalmente las desigualdades económicas y sociales pero, en ese aspecto, nuestro país logró avances importantes.

La vieja oligarquía, más diversificada e incapaz de consolidarse en un partido político que le devolviese las riendas del poder perdido a manos de la UCR en 1916, recurrió entonces a las Fuerzas Armadas. A partir de 1930 y hasta 1976, llegaron los años de los frecuentes golpes de Estado y los gobiernos democráticos débiles y tutelados por los militares. La vieja elite continuó con su costumbre de preferir los beneficios de la renta terrateniente – a la que luego se agregaría la renta financiera – dejando de lado la idea de industrialización.

Entre 1916 y 1983, los gobiernos electivos en la Argentina significaron una distribución progresiva del ingreso, mientras que las dictaduras militares representaron una distribución regresiva. De esta regla queda excluido el golpe del ’43, que permitió el ascenso político de Perón con el consabido proyecto nacional y popular. También escaparía a la regla el gobierno de su tercera esposa Isabelita, en el cual la acción de la Triple A y el Rodrigazo, marcarían el comienzo de un proyecto de país que luego se profundizaría durante la dictadura de Videla y Martínez de Hoz.

Tras la caída de Perón (1955) y sobre todo luego de la Revolución Cubana (1959), es decir, cuando corrían los tiempos de mayor tensión de la Guerra Fría, emergen las ideas de liberación nacional y de descolonización del Tercer Mundo. Se difunde entonces, en los países latinoamericanos, la idea de revolución. El marco de referencia es el enfrentamiento entre el imperialismo yanqui y el anti-imperialismo latinoamericano; y el fundamento de éste último fue la Teoría de la Dependencia. Cuba mostrará un camino posible para la revolución y el Che Guevara se convertirá en el modelo de combatiente revolucionario.

En oposición, Estados Unidos desarrolla las doctrinas de Seguridad Nacional y Fronteras Ideológicas. Con la creación de la Escuela de las Américas, este país comienza a hacer frente al conflicto en América Latina. Los Estados Unidos, las FFAA y las oligarquías latinoamericanas se consideran parte de Occidente, mientras que la mayoría de los grupos revolucionarios tienden al comunismo. Aunque hubo grupos de Liberación Nacional que no aceptan esa polarización ideológica por no considerarse parte integrante de ninguno de los dos bloques enfrentados, es decir, ni capitalistas ni comunistas, sino parte del Tercer Mundo.

En ese contexto se produce la pugna sobre cuál sería el rol del peronismo proscripto cuando se lograse el retorno de Perón: ¿izquierda, derecha o Liberación Nacional? La militancia consistió, entonces, en una multiplicidad de proyectos que se manifestaron en el campo de la protesta social y de la radicalización política, poniendo en duda la legitimidad del poder, de la autoridad y de las instituciones.

En la década del `60 aparecen todo tipo de organizaciones sectoriales que, en ocasiones, se relacionan con los grupos revolucionarios ampliando el campo ideológico y de acción a nivel nacional (Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires) y a nivel internacional (Cuba, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú), abarcando amplios sectores sociales (obreros, estudiantes, docentes, intelectuales, artistas, religiosos, etc.). Cuando el proceso confluyó en el retorno de Perón al poder en 1973, el abanico de actores y protagonistas de la protesta social en la Argentina se había ampliado y diversificado.

En este proceso se intenta dar un contenido social a la política y se discute la economía. Los horizontes ideológicos se amplían; se habla de reformismo o revolución, de socialismo nacional o patria socialista, de liberación o dependencia. Esto dio como resultado una batalla de ideas que hoy produce nostalgia, pero que terminó mal. Todo se politizó: la educación, la cultura, el sindicalismo, la Iglesia, etc. A diferencia del resto de Latinoamérica, la mayoría de las demandas sociales en nuestro país fueron absorbidas por el peronismo de derecha o de izquierda.

Dentro de esta renovación cultural, en la década del ’60 se gestan las culturas juveniles. La juventud pasa a tener valor en cuanto grupo con horizonte común y comienza la lucha por sus derechos. Esto trae una novedad: se desvaloriza la experiencia y se reclama una modernización en todo sentido; incluyendo lo político, lo económico y lo social. Una de las claves para comprender este proceso, está en resaltar que la mayoría de los protagonistas de la protesta social a nivel mundial eran jóvenes que, en general, proponían su modelo de país teñido de ideologías y, a la vez, hablaban de democracia. Pero la idea de democracia en aquellos años podría circunscribirse a una serie de demandas que los distintos grupos de protesta social realizaban al poder. Estos grupos no creían que la democracia formal, tal como hoy la concebimos, sirviera para cumplir las demandas populares ni para detener la creciente violencia política. Hoy predomina una idea de democracia occidental y liberal. Los grupos radicalizados de aquellos años tenían una idea de democracia más vinculada al socialismo.

La razón por la cual se produce la radicalización política es que, cuando algunos de esos grupos entendieron que no podrían alcanzar sus objetivos por la vía de la protesta social y de las reformas, sino que sólo lo harían por medio de la revolución, entonces dieron comienzo a la violencia política.

Surgieron de esta manera las organizaciones armadas y comenzaron, entre ellas, las disputas por territorios y por la representatividad social. La respuesta del poder fue la represión. Ante el surgimiento de las organizaciones armadas, los países de Occidente idearon, para la lucha contra insurreccional, el Estado de Excepción; que es constitutivo del Estado de Derecho. Consiste en una legislación restrictiva de las libertades. Su consecuencia directa es el Estado de Sitio, que habilita para la represión. En todo Estado, la legislación va marcando límites que establecen cuándo la represión es legal o ilegal. Generalmente la represión es ilegal, pero si se corren esos límites se legaliza la represión, pudiendo llegar a decretarse la pena de muerte.

Cuando la legislación formal, ya sea ley o decreto vigentes, habilita mayores grados de represión, aumentan los abusos de poder y, por ende, la represión ilegal. Entonces se favorece la concepción de ilegitimidad del Estado. En el período que va de 1955 hasta 1976, en nuestro país comienzan a darse leyes para controlar la actividad política: las llamadas leyes de excepción. Arturo Frondizi implementó el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que implicaba la suspensión de la vigencia de la Constitución Nacional y la instalación de juzgados militares para delincuentes políticos. Luego vinieron las leyes de Seguridad Interior, las leyes Antisubversivas y las leyes de Defensa Nacional. Los fusilamientos de José León Suárez (1956), inmortalizados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, ejemplifican la represión y el abuso de poder – así como la ilegitimidad – de un Estado de Facto.

En las décadas del ‘60 y ’70, esa agudización de la represión fortalecida por la legislación se dirigía en contra del “subversivo”; es decir, aquel activista político o social considerado un potencial amenazador del orden, que a su vez es considerado comunista. Es decir que cualquier militante popular es comunista y cualquier comunista es un delincuente subversivo, fortaleciendo, de esta forma, el concepto de agresión marxista, externa e impropia de nuestra identidad cultural: la Civilización Occidental y Cristiana. Como el Estado maneja el aparato legislativo y jurídico, impone la vigencia de esta concepción y, por lo tanto, se la incorpora al sistema legal; lo cual no necesariamente le otorga legitimidad, pero si el monopolio de la violencia. La razón es que el aparato del Estado se siente amenazado por diversos sectores de la sociedad, que para los grupos dominantes constituyen un peligro. Estos sectores provienen de diversos orígenes: del movimiento obrero, como la CGT de los Argentinos, donde se advierte un sindicalismo combativo de base, impregnado de un fuerte clasismo; de movimientos insurreccionales o puebladas, como el Cordobazo y otros posteriores: Rosariazo, Santiagazo, Tucumanazo, Vivorazo, etc. Estos movimientos aglutinan tanto a obreros como a estudiantes, tomando como modelo el Mayo Francés (1968). En algunos casos, estas puebladas, producidas en oleadas sucesivas a partir de 1969, tienen relación con organizaciones armadas, pero en otros no.

A partir de 1955, en la Argentina entra en crisis la legalidad y la legitimidad del Estado. El gobierno de la Revolución Libertadora es ilegal por ser inconstitucional y su ilegitimidad radica en la falta de reconocimiento de gran parte de la sociedad, ya que el partido mayoritario (el Justicialista) fue proscripto. El gobierno de Frondizi, por su parte, guardaba apariencias de legalidad y contaba con cierta legitimidad en sus comienzos a partir del pacto con Perón, que le dio el voto de amplios sectores sociales. Pero perdió esa débil legitimidad al fracasar el modelo desarrollista y por la traición al peronismo. La entrega del patrimonio nacional a empresas extranjeras en los famosos contratos petroleros le quitó apoyo de los nacionalistas; y la creación de universidades privadas bajo la consigna laica o libre llevó al sector estudiantil – antes antiperonista – a tomar partido en defensa de la educación pública. A partir de entonces, muchos socialistas se pasaron al peronismo y muchos de esos jóvenes decepcionados con Frondizi terminaron, en la década del ’60, militando en organizaciones armadas. La anulación de la elección que proclamó al sindicalista peronista Framini gobernador de Buenos Aires y su reunión con el Che Guevara le darían al gobierno de Frondizi el golpe final. La asunción de Guido guardaba una apariencia legal por la ley de acefalía, pero era absolutamente ilegal por el derrocamiento de Frondizi e ilegítimo por razones obvias. Con el peronismo proscripto (los peronistas votaron en blanco por orden de su líder), la elección que sólo le dio el 25% de los votos a Illia, teñía a su gobierno de ilegitimidad e ilegalidad. El intento de Illia de obtener la legitimidad de su mandato a partir de medidas nacionales y populares, como la anulación de los contratos petroleros y el establecimiento del salario mínimo, vital y móvil, lo llevó al derrocamiento.

La Revolución Argentina por su parte fue, a la vez, ilegal e ilegítima; aunque Onganía se esforzó por cambiar las bases de legitimidad y legalidad. A diferencia de los golpes anteriores, que se presentaron como un interregno para ordenar el país y devolverlo al orden institucional (salvo el de 1930, porque la intención de Uriburu era instaurar un régimen fascista), éste se presenta como un reordenamiento total del país.

En el discurso de Onganía, se plantea que la revolución no tiene plazos sino objetivos, anunciando los tres tiempos de la revolución: económico, social y político. Se trata de una transformación que tiene como objetivo real el retorno al conservadurismo y al tradicionalismo a partir de un disciplinamiento social y político. Pero, al fracasar el tiempo económico, se produce el conflicto social y el gobierno cae. No se pudo frenar la gestación de un fuerte activismo que intensificará, en las décadas del ’60 y ’70, la radicalización política; es decir que el resultado fue una fuerte tensión entre la sociedad y el Estado.

En este contexto, las identidades políticas son cada vez más fluidas y hacen inestables a las instituciones. En gran parte de la izquierda se advierte un reposicionamiento y una reconfiguración político-ideológica. Con Perón en el exilio, la izquierda se plantea repensar el peronismo; así como también su propia actitud frente a este movimiento mayoritario y popular. La opción es peronizarse o no. Esta actitud se produce porque el socialismo no encuentra lugar para desarrollarse frente a un pueblo mayoritariamente peronista.

A su vez, la identidad política del peronismo se vuelve cada vez más fragmentada y se complejiza, adquiriendo influencias ideológicas de otras identidades políticas como el socialismo. El caso de Montoneros, la izquierda peronista, es muy representativo a la hora de explicar esta crisis de identidad político-ideológica. Montoneros surgió a partir de tres núcleos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esto no es casual, ya que allí se encontraban las industrias de punta, donde se desarrolló un fuerte movimiento obrero de base que pronto se enfrentó a la burguesía sindical.

El ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), en cambio, hace su aparición en Tucumán y Santiago del Estero, donde existía un proletariado rural en destrucción como consecuencia de la suspensión del subsidio azucarero producida en el ’55, que acarreó la desaparición de pueblos enteros por el cierre de los ingenios. Allí los hermanos Santucho crearon el FRI (Frente Revolucionario Insurreccional), que publicaba sus panfletos en quechua para la población campesina mayoritariamente indígena.

A esto debe agregarse el movimiento católico, no sólo de sacerdotes sino de laicos. El compromiso social que asumió un sector de la Iglesia en esta época provocó una profunda crisis de identidad en los católicos. En un principio, la Iglesia había mantenido estrechas relaciones con el peronismo. Pero los laicos comienzan a acercarse cada vez más a la Acción Católica cuando la Iglesia entra en conflicto con Perón. A partir de 1955, se abandonó la organización diocesana y se crean las especializaciones por actividad, buscando organizar a los jóvenes laicos peronistas y captar el espacio vacío que dejó su líder: la Juventud Obrera Católica (JOC), la Juventud de Estudiantes Católicos (JEC), la Juventud Universitaria Católica (JUC) o los Jóvenes Campesinos Católicos (JCC) son algunas de esas organizaciones.

La radicalización católica se produjo en el contexto del Concilio Vaticano II, que propuso la renovación de la Iglesia. Hasta entonces, el Episcopado Argentino estaba integrado por obispos muy conservadores, pero a partir de entonces ingresan obispos jóvenes y reformistas, como los casos de Angelelli, Jaime de Nevares y Ponce de León, cuyas vidas son ejemplificadoras, y se perdieron en misteriosos – y casualmente parecidos – "accidentes automovilísticos". También aparecen en el país las influencias de los curas obreros franceses. Hay una renovación en la formación de los sacerdotes y en los seminarios dejan de estudiar teología y comienzan a estudiar sociología.

Se produjo entonces dentro de la Iglesia una pugna entre conservadores y reformistas (y la Iglesia argentina puede contarse entre las más conservadoras de América Latina). Se cuestiona su verticalidad y sus autoridades (obispos, arzobispos). Los reformadores consideran a la Iglesia como una institución horizontal: el pueblo de Dios, y comienzan a verla como una asamblea. En 1968 la Conferencia Episcopal de Medellín planteó la Opción por los Pobres y dio origen a la Teología de la Liberación, derivada de la Teoría de la Dependencia, que constituye un planteo sociológico y político de lo religioso, siendo interpretada por muchos como revolucionaria. En los años siguientes tomará forma el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM). Surgen los curas villeros como el padre Mujica, que forman seminaristas y catequistas y atraen a los jóvenes a la militancia. La Teología de la Liberación se tradujo en la Teología del Pueblo y, como en la Argentina el pueblo es peronista, la opción pasaba por Perón.

El caso de los grupos católicos radicalizados es paradigmático teniendo en cuenta la rigidez de la Iglesia como institución, pero esa misma rigidez hizo que el proceso tuviese mayor impacto. Una organización armada que tuvo su origen en la militancia católica fue Tacuara, que proviene de la derecha ultra nacionalista y ultra católica. En el proceso se peronizan y, algunos de sus integrantes, pasan a integrar las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas). Entre 1966 y 1971, se publicó en el país la revista Cristianismo y Revolución, y se fundaron los Comandos Camilo Torres que, a pesar de su nombre, no eran grupos armados. Estos publicaron más tarde otra revista con sugestivo nombre: Che Compañero. Algunos de sus integrantes  pasaron luego a Montoneros, como los casos de Abal Medina y Mario Firmenich, miembros de la cúpula de esa organización. En síntesis, de la Acción Católica a la Juventud Obrera Católica; de allí a Cristianismo y Revolución, para pasar luego a Montoneros u otras organizaciones radicalizadas de orientación marxista, como el ERP; ese fue el camino de muchos jóvenes católicos en las décadas del ’60 y ‘70. Hacia 1975 se organiza en la Argentina la Pastoral Juvenil, hasta entonces, muchos jóvenes se habían acercado a curas que, durante el proceso militar, quedaron solos en sus parroquias haciendo actividades sociales en villas. Algunos fueron asesinados, como los padres palotinos de Belgrano o el mismo padre Mujica.

Por otra parte, el año 1967 resulta clave para las organizaciones armadas. La muerte del Che Guevara en Bolivia plantea una discusión estratégica para la lucha armada en la Argentina: decidir entre la guerrilla rural o urbana. Las FFAA, habilitadas por un decreto de Lúder (1975), presidente interino durante la "licencia forzosa" de Isabelita, contaban para la represión con una estructura de poder militar muy superior. La Operación Independencia contra el ERP en Tucumán daba inicio, en la zona rural, al Terrorismo de Estado que la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) ya había comenzado en el área urbana, preludio de la dictadura más atroz que conocería el país. Para el 24 de marzo de 1976, las organizaciones armadas ya habían sido militarmente derrotadas. Montoneros fue la organización guerrillera más numerosa de América Latina captando enormes masas de militantes juveniles. Hay en la Argentina 30.000 desaparecidos, siendo la dictadura del ’76 al ’83 la más dura de Latinoamérica. Hoy sabemos que no todos los desaparecidos que hubo en el país eran violentos ni pertenecían a organizaciones armadas.