jueves, 4 de marzo de 2010

La política económica de la dictadura cívico-militar (1976-1982)









Extraído del libro "Aquellas semillas rojas", docentes y alumnos del Instituto Santa María, Mercedes (B), Programa Jóvenes y Memoria, 2009.




Un rastreo histórico sobre el proyecto económico de la dictadura nos ayudará a echar luz no sólo sobre las verdaderas razones del terrorismo de Estado, sino también sobre la situación actual del país. Para poder comprender cuál fue el modelo que inspiró la política económica de Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la dictadura, hay que remontarse a los modelos adoptados durante el período que va desde 1943 hasta 1976. 
En la economía argentina el modelo iniciado en el ’43 podría considerarse como un modelo de crecimiento industrial dirigido al mercado interno, basado en la industrialización por sustitución de importaciones, que significó el abandono del modelo agro-exportador. El nuevo modelo implicaba una alta intervención del Estado en economía en forma constante (proteccionismo), otorgándole a éste, un rol empresario dentro de una economía capitalista, ya que posee empresas de servicios y otras consideradas estratégicas, como las siderúrgicas. El modelo implica nuevas reglas de juego que afectan al sector privado, como la fijación de tarifas. El IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) transfería los ingresos del agro a la industria a través de créditos y subsidios. El Estado también interviene y regula el sistema financiero, decidiendo a quién otorgar créditos y subsidios para la promoción industrial, o decidiendo compras estatales, como en el caso de los ferrocarriles.
La concepción justicialista parte de la base de considerar que, en el liberalismo, el capital explota al obrero. Los gobiernos peronistas intervinieron entonces en la regulación laboral a partir de leyes que beneficiaron al trabajador, incluyendo un sistema de seguridad social en el cual, las obras sociales, eran manejadas por los sindicatos. Su objetivo es el pleno empleo y la integración social. Esto dio a los sindicatos, unificados por el peronismo en la CGT, una poderosa estructura de organización que les permitió mostrarse fuertes frente a políticas anti obreras, profundizando en el sindicalismo su identidad peronista.
Hubo, sin duda, fluctuaciones; sobre todo luego de la caída de Perón. El modelo nacional-popular era socialmente incluyente, mientras que el desarrollista, implementado por Frondizi, era excluyente y conservador. Pero ambos insertos dentro del capitalismo. El modelo nacional-popular se basaba en una burguesía nacional formada por pequeños y medianos empresarios que producen para el mercado local, a los cuales el Estado otorga créditos. Se trata de una distribución progresiva del ingreso, en la cual los obreros cobran salarios altos y las fábricas venden más. Una alianza entre el capital y el trabajo en un Estado de Bienestar.
En el modelo nacional-popular, la inflación era constante, pero no constituía un problema. Los empresarios ceden ante la presión sindical y aumentan los salarios, trasladando ese aumento a los precios ya que no tienen el problema de la competencia externa debido a la defensa de la producción nacional. El desarrollismo, en cambio, benefició al capital multinacional y al gran capital local, a quienes van dirigidos los créditos y subsidios, con una distribución restrictiva y regresiva del ingreso que inició la concentración de la riqueza. De este modo, las clases populares comienzan a empobrecerse.
Durante la segunda presidencia de Perón hubo problemas para continuar con la implementación del modelo nacional-popular. La falta de desarrollo de una industria nacional de base frenó el crecimiento, mientras la industria nacional orientada al mercado interno mostró sus límites. Hubo entonces que hacer ajustes tarifarios y suspender las políticas sociales. El sistema mundial influyó decisivamente en el país. Tras la caída de Perón, las empresas multinacionales y el FMI llegan a la Argentina para aprovechar el mercado protegido para el gran capital, las primeras recibiendo créditos y subsidios; el segundo aprovechando la crisis para producir endeudamiento y cobrar intereses. En consecuencia, tanto en el modelo económico nacional-popular como en el desarrollismo hubo intervención del Estado a favor de ciertos sectores y en detrimento de otros.
Entre el ’73 y el ’76 hubo un nuevo intento de implementación del modelo nacional-popular, pero terminó en un fracaso. El Rodrigazo intentó pasar al liberalismo, pero Celestino Rodrigo (Ministro de Economía de Isabelita) debió irse por presión de los sindicatos. Además, la Crisis del Petróleo de 1973, provocó cambios significativos en el sistema, porque a partir de entonces dejaron de llegar inversiones industriales y comenzaron a llegar inversiones financieras.
A pesar de todo, el modelo había permitido cierto crecimiento, alcanzando la industria la cuarta parte del total de las exportaciones nacionales. Entre 1964 y 1974 es notable el crecimiento del PBN pero, para los liberales, esto era un desastre debido a la intervención del Estado que gastaba mucho. La gran burguesía (nacional o extranjera) apoya el golpe de 1976 para sacarse de encima tanto a los sindicatos combativos como a las organizaciones populares. La dictadura se planifica en base a la idea de que la inestabilidad nunca permitió (ni siquiera a Onganía) implementar un modelo de concentración de la riqueza por la amenaza que significaba la radicalización de las luchas populares.
Por su parte, la conclusión de las organizaciones armadas era que, al aumentar los precios, los sindicatos reclamarían aumento de salarios, lo que traería inflación, con la consecuente sensación de caos agravado por la radicalización política. Llamaban a esto la agudización de las contradicciones; su objetivo era desestabilizar a Isabel y producir un golpe, que tendría como efecto definir claramente al enemigo (las FFAA) y favorecer la revolución popular. Bajo la consigna: “¡Perón, Evita, la Patria socialista!” la organización Montoneros confiaba para su proyecto revolucionario en un gobierno nacional y popular cuyo objetivo sería alcanzar el crecimiento económico independiente dentro del capitalismo – como ya se había hecho en el pasado – con una mayor y mejor distribución de la riqueza. El PRT-ERP, en cambio, planteaba el paso directo al socialismo guevarista. Fue un total fracaso, así como el pretexto perfecto para justificar el golpe y la brutal represión posterior.
La dictadura encontraría la economía nacional herida de muerte. El Rodrigazo, había implicado un ajuste que provocó inflación, caída de salarios, aumento de tarifas y pérdida del poder adquisitivo. Entre los años ’76 y ’81 hizo su aparición Martínez de Hoz para profundizar la crisis, con más devaluación, liberación de precios y congelamiento de salarios. Con estos ajustes, la participación del salario en el ingreso total cae bruscamente. Los empresarios hacen lo que quieren porque tienen la protección del gobierno, mientras que los obreros pierden combatividad, tanto por la represión como por el miedo al desempleo. Lejos de constituir simples excesos de algunos subordinados, la represión ilegal formó parte integral de la política económica de la dictadura. La supresión del derecho de huelga y el aniquilamiento de la capacidad de resistencia obrera, hacían "necesario" el disciplinamiento social.
El plan económico de Martínez de Hoz se basó en una reforma financiera y en la apertura comercial. Con ello intentó un modelo de crecimiento basado en el sistema financiero y no en los modelos agro-exportador o industrial. Haciendo famosa la tablita cambiaria, la inversión financiera generó grandes ganancias. Se liberaron los créditos y las tasas; se podía abrir una financiera y otorgar libremente créditos garantizados por fondos del Estado, que no llevaba a cabo ningún control.
Se tendió a elevar las tasas de interés para aumentar los depósitos y así lograr el ingreso de capitales y el egreso, luego, de las ganancias cumuladas. Con la apertura comercial se abandona el proteccionismo y se liberan las importaciones. Aunque la apertura no fue igual para todos; por ejemplo: automotores, siderurgia, petroquímica, papel o azúcar, siguieron protegidos por estar vinculados al gran capital local.
La tablita establecía el futuro aumento del dólar, trayendo como resultado un dólar barato. Las industrias desprotegidas, como las de electrodomésticos y la textil, se ven perjudicadas por las altas tasas de interés y por la competencia extranjera. Los empresarios prefieren pedir créditos en dólares a bancos extranjeros, comprar pesos para colocarlos a interés a plazo fijo, esperar y luego retirar la plata para volver a comprar dólares. A esto se le llamó bicicleta financiera. Para el capital era más tentador el sistema financiero que el de producción, ya que rendía más a menor riesgo.
Martínez de Hoz acompañó el modelo con un programa de privatizaciones periféricas a partir de la terciarización de ciertas actividades que pasaron del Estado al sector privado. Pero el Estado militar siguió siendo empresario, comprando armas o invirtiendo en obras públicas, como las autopistas. El efecto de este modelo económico fue un enorme endeudamiento externo, ya que el Estado no se redujo, sino que, por el contrario, aumentó el gasto público a expensas – entre otras cosas – de una reducción en el presupuesto de salud y educación (los más bajos de nuestra historia).
En el modelo económico de Martínez de Hoz hay elementos fuertemente estatistas, que se sintetizan en una concentración económica a partir de las enormes rentas que provenían de privilegios otorgados por el Estado a las grandes empresas. Para las pequeñas y medianas empresas, en cambio, el modelo fue ferozmente liberal.
En este sistema se produce la formación de grupos económicos; en ocasiones familias que poseen varias empresas diversificando riesgos. Se trata de una herencia de la dictadura que afectó a los gobiernos posteriores, que debieron implementar políticas económicas contando a estos grupos como un factor de presión, puesto que esperan algo a lo que se acostumbraron: rentas de privilegio. Esta situación atentó contra la estabilidad del gobierno de Alfonsín, pero Menem, Cavallo y De la Rúa, volvieron a darles rentas de privilegio a partir de las privatizaciones, la Flexibilización Laboral y la Reforma Laboral. Contaron para ello con la complicidad de la burocracia sindical y del partido peronista, que traicionaron tanto a los trabajadores como a los principios ideológicos del Justicialismo. Los demás partidos hicieron su aporte dentro del marco de la corrupción institucionalizada.
Antes del final de la dictadura, la estatización de la deuda externa fue protagonizada por el sector privado, es decir por esos grupos económicos que especularon con la bicicleta financiera. El Estado vende dólares al sector privado, que desconfía de la situación que ya ven venir, y los colocan en el sistema financiero externo. A partir del ’81, el Estado se ve obligado a otorgar tasas de interés más altas creyendo que con eso evitarán que se compren y se fuguen los dólares. Los productos importados ingresados sin restricciones al país, como la electrónica en épocas del “déme dos”, hacían que salieran más dólares aún.
La desconfianza en la tablita y el empobrecimiento del Estado llevaron a la devaluación; entonces algunos grupos económicos, aunque ya tenían sus dólares en el extranjero, denunciaron que no podían pagar sus deudas y que peligraba su subsistencia. El Estado respondió comenzando a estatizar la deuda externa. En síntesis, aún cuando las FFAA pusieron freno a las pretensiones de Martínez de Hoz y no permitieron las privatizaciones – que luego sí realizaría Carlos Menem – en alianza con los grupos económicos, tomaron lo peor del liberalismo: eliminación de la competencia con desindustrialización; y lo peor del estatismo: grandes grupos económicos asociados a los negocios del Estado.
¿Qué comparten entonces todos estos protagonistas? Un altísimo sentimiento de revancha clasista, consistente en aniquilar la militancia radicalizada y quebrar la capacidad de combatividad del sindicalismo de base. Una coalición golpista cuyo objetivo era terminar con cuarenta años de historia de un proyecto nacional y popular que significaba, para ellos, un tipo de estatismo que hizo poderoso al sindicalismo y provocó la subversión; y que hizo necesario, tras el fracaso del desarrollismo, el modelo de desindustrialización selectiva y disciplinamiento social.
Los ya mencionados grupos económicos que participaron de la Patria Financiera: Pérez Companc, Bunge y Born, Fortabat, Macri, Techint, etc. serían los beneficiarios del modelo y quienes provocarían un aumento sideral de la deuda externa. Por ello, las FFAA contaron, para su proyecto, con el apoyo del la gran burguesía nacional (el gran capital agrario y el gran capital industrial concentrado interno), las multinacionales y el capital financiero internacional, (preferentemente estadounidense), los pequeños y medianos productores rurales e industriales, la burguesía sindical, la Iglesia conservadora, y los partidos políticos tradicionales. El proyecto de Martínez de Hoz constituía una imperdible oportunidad de quitarle territorio al la agresión marxista encarnada en la radicalización política, un enemigo común a todos. En la coyuntura de marzo de 1976, los medios contribuyeron a difundir y legitimar el discurso de la amenaza de la subversión armada.
La clase obrera argentina, que aportó el mayor porcentaje del total de desapariciones y asesinatos durante la última dictadura militar se encontró, en el proceso de radicalización política, jalada por la burocracia sindical, el sindicalismo combativo de base y los agitadores de las organizaciones armadas. Pero se mantuvo atravesada por su profunda identidad peronista.
El proyecto económico de la dictadura cívico-militar contribuye a explicar el ensañamiento de la coalición golpista con el sector obrero y echar por tierra el discurso de la “Guerra Sucia” contra las organizaciones armadas.
Para el país, el plan económico de la dictadura, como parte integral de su proyecto político-social, y su continuación en democracia durante la denominada década menemista, fue un absoluto fracaso. Terminó por destruir la capacidad productiva y la economía del país, generando inflación e inestabilidad, un tremendo déficit y una deuda externa impagable. Los ’90 encontraron a los trabajadores en una situación precaria y se produce no sólo el desempleo, sino además el subempleo y el empleo informal; es decir el deterioro total de una parte de la población que antes poseía alguna ocupación que le permitía subsistir.
Finalmente, la Argentina estalló en 2001. Los sectores medios, cuyos ahorros fueron confiscados por los bancos tras el famoso corralito decretado por Domingo Cavallo (Ministro de Economía de De la Rúa), salieron a las calles en cientos de cacerolazos. De las barriadas más humildes surgían las masas de los desplazados de la sociedad para llevar a cabo los saqueos a comercios. De la Rúa, en tanto, decretaba el Estado de Sitio, que terminaría en la masacre de decenas de manifestantes en las cercanías de la Casa Rosada por parte de la Policía Federal. Eran, ni más ni menos, las consecuencias de las políticas económicas implementadas desde el golpe del ’76, que nos dejaron como herencia una sociedad en la que conviven el individualismo, la destrucción de casi todas las redes de integración social, el escepticismo respecto a la política, la concentración de la riqueza y la marginalidad social más monstruosa que conociera la historia del país.




No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada